Alberto León Martín

Presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria

Pocas veces una norma ha generado tanta controversia en tan poco tiempo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre (publicado en BOE del 23 de diciembre), por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del colectivo de enfermería, médicos y enfermeros parecen estar hoy algo más enfrentados que ayer, en un debate estéril que no hace sino traducir una mala manera de resolver jurídicamente una realidad, la prescripción enfermera.

Los debates guiados por lo emocional y la lucha de poder no conducen sino a situaciones de enfrentamiento donde el sentido común y los argumentos a veces dejan paso a contextos poco deseados que no hacen sino alejarnos del objetivo común, una asistencia de calidad y garantía a nuestro paciente, guiada por valores profesionales y deontológicos.

Desconozco si en otros ámbitos de actuación la situación es diferente. En el ámbito de Atención Primaria el colectivo de enfermería forma parte de un equipo de profesionales con unas competencias y funciones definidas desarrolladas históricamente, especialmente en el área de cuidados, que le capacitan para dispensar medicamentos en el contexto de un plan terapéutico sobre patologías a las que atienden de principio a fin. Hubiera sido más lógico que la norma se hubiera adaptado a una realidad que se impone, dotando a los profesionales de un contexto normativo que permitiera habilitar o validar esta realidad.

La realidad es que en nuestros Centros la prescripción, médica o de enfermería, se basa en criterios de interacción multidisciplinar y un ambiente de confianza mutua.

La situación se complica si además la norma da directrices confusas y sorprendentes como la de obviar el papel de las sociedades científicas y conceder la realización de guías y protocolos para la dispensación de enfermería a una comisión formada por representantes gubernamentales autonómicos o centrales, ejército, mutualidad de funcionarios y colegios profesionales.

En resumen, no podemos estar a favor de una norma que nace superada por una realidad diferente que compromete su viabilidad, y que pone encima de la mesa directrices en muchos casos confusas y mal consensuadas. Instamos a una revisión de la misma desde una perspectiva profesional y ética en pro de una asistencia sanitaria de calidad, centrada en los únicos intereses del propio paciente.